Migración: de la frontera a los barrios

El ejemplo que nos entregan las municipalidades desarrollando acciones concretas para que las personas migrantes puedan insertarse en las comunidades donde desarrollan su vida, debe inspirar el desarrollo de políticas articuladas a distintas escalas.

La crisis humanitaria que se produjo en la frontera entre Tacna y Arica estuvo en el centro de la discusión en materia migratoria durante las últimas semanas. Los meses anteriores a eso, la mirada ha estado puesta en los ingresos irregulares que tienen lugar a través de pasos no habilitados entre Pisiga y Colchane. La seguridad de nuestras fronteras y las medidas para evitar los ingresos irregulares sin duda son objetivos urgentes y prioritarios; sin embargo, es también fundamental mirar qué políticas se implementan en nuestras ciudades y barrios, específicamente en cuanto a la integración de las personas migrantes que ya están viviendo en nuestro país.

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Las oportunidades de integración social y económica a las que tengan acceso las personas migrantes son determinantes tanto para su propia calidad de vida como para quienes viven en su entorno y la sociedad en general. Los primeros años de llegada al país son especialmente importantes en esto, jugando un papel clave en las posibilidades de inserción el acceso a redes, información y asistencia en diversos ámbitos. En esto, los gobiernos locales son actores fundamentales, pues son muchas veces la primera institución del Estado a la que personas migrantes acuden.

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Un estudio recién publicado por Espacio Público y el Centro de Políticas Migratorias diagnostica cómo están trabajando las municipalidades de nueve capitales regionales del país en dimensiones que son prioritarias para la integración inicial de las comunidades migrantes: trabajo y desarrollo económico; asistencia y entrega de información; y el desarrollo institucional que tiene cada municipio para trabajar con migrantes y refugiados. El estudio da cuenta del importante papel que juegan las municipalidades al ser muchas veces las únicas instituciones que entregan asistencia directa, atención presencial y guía personalizada a los extranjeros, pese a contar con importantes limitaciones presupuestarias y de recursos humanos. 

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Algunas experiencias replicables son, por ejemplo, la campaña impulsada en Valparaíso para la regularización de niñas y niños migrantes; la creación de una clínica jurídica universitaria orientada al apoyo a migrantes en coordinación con la Municipalidad de Puerto Montt; la creación de una “academia municipal” en la Municipalidad de Arica, enfocada en la formación ciudadana y capacitación en oficios; el desarrollo de talleres de convalidación de títulos profesionales y técnicos en la Municipalidad de Rancagua; y el trabajo conjunto con organizaciones internacionales y de la sociedad civil en distintas comunas para prestar ayuda humanitaria a personas en situación de especial vulnerabilidad.  

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Por otra parte, también identificamos brechas y desafíos necesarios de abordar. Es fundamental que los municipios planifiquen de manera más integral y estratégica su respuesta a la migración, institucionalizando sus canales de coordinación con otras instituciones del Estado; potenciando el trabajo en red con el sector privado y la sociedad civil; estructurando programas de orientación y acompañamiento en materias de regularización migratoria y tramitación de visados; desarrollando programas permanentes de capacitación a funcionarios; y reforzando sus instrumentos de diagnóstico y evaluación de programas.

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Cada comuna presenta un contexto particular y ello supone que sus políticas y programas deben adaptarse a esas realidades. Por lo mismo, es fundamental seguir potenciando estrategias desarrolladas por cada municipio, en colaboración con las autoridades nacionales y la participación de vecinos, organizaciones de base, sociedad civil y sector privado. 

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El ejemplo que nos entregan las municipalidades desarrollando acciones concretas para que las personas migrantes puedan insertarse en las comunidades donde desarrollan su vida, debe inspirar el desarrollo de políticas articuladas a distintas escalas, poniendo la integración como un objetivo primordial. Fortalecer y potenciar estas experiencias puede marcar importantes diferencias para tener una mejor convivencia y al mismo tiempo permitir que las personas y familias migrantes que viven en nuestro país puedan aportar a la sociedad chilena.