Trabajadores de temporada migrantes: oportunidades y desafíos para el Chile de hoy

En días en que el debate migratorio y la necesidad de más y mejores medidas para gestionar la movilidad humana de forma segura y ordenada se hacen más urgentes, avanzar en iniciativas basadas en evidencia debiese ser una prioridad para el Estado y la sociedad civil. La movilidad humana plantea desafíos más allá de la seguridad y, para generar estrategias eficientes en esta dimensión –que hoy es prioritaria–, se deben atender necesidades que tienen que ver con el empleo, los sectores productivos y la economía nacional.

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Bajo el actual marco normativo migratorio y laboral, emergen oportunidades para promover la formalidad laboral y generar beneficios, tanto para trabajadores como para la industria nacional. Sin embargo, el déficit de trabajadores en ciertos sectores productivos requiere soluciones específicas que fortalezcan las capacidades del país y, al mismo tiempo, aseguren la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores.

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Un estudio recientemente realizado por el Centro de Políticas Migratorias (2024) aborda los desafíos que enfrenta actualmente el Estado respecto al diseño e implementación del sistema de visados para trabajadores de temporada extranjeros en Chile. El estudio indica que la necesidad de suplir el déficit de trabajadores agrícolas que supera los 150.000 trabajadores al año–, sumado a las barreras normativas que contiene esta subcategoría de visado, producen el resultado opuesto al esperado respecto a una mayor demanda de esta visa por parte de trabajadores que busquen formas regulares de migración laboral hacia Chile.

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Considerando el rol central del sector agrícola en la economía nacional y la dependencia de trabajadores extranjeros para mantener su productividad y competitividad, la actual estructura de los visados para trabajadores de temporada no está cumpliendo con las expectativas y necesidades del mercado y la fuerza laboral.

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En lugar de facilitar la migración laboral regular, estas barreras están fomentando la informalidad y la irregularidad migratoria, perjudicando a los trabajadores migrantes, quienes se encuentran en situaciones precarias y vulnerables a abusos laborales, y afectando negativamente a los empleadores y a la productividad de sectores de la economía que demandan empleos de difícil cobertura.

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En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos e instancias de protección de derechos a través de la formación y capacitación de los funcionarios a cargo de la fiscalización, así como de los empleadores y los organismos involucrados en el proceso de contratación e inserción laboral de trabajadores extranjeros.

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El estudio plantea propuestas a partir de la experiencia de Australia, Canadá y Estados Unidos, que consideran, entre otros aspectos, la importancia de hacer más ágil y eficiente el sistema de tramitación de visados, la regulación de agentes intermediarios y un rol más activo de los consulados chilenos en los países de origen de los trabajadores.

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Generar más y mejores oportunidades laborales y económicas para la población inmigrante en los países de destino es crucial no solo para el bienestar de los migrantes, sino también para la cohesión social y la seguridad pública. Hay evidencia suficiente que indica que la inclusión laboral de los inmigrantes reduce significativamente su vulnerabilidad a la explotación y su participación en actividades ilícitas. 

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Al proporcionar empleos dignos y bien remunerados, los países de destino pueden integrar mejor a los migrantes en la economía formal, lo que no solo mejora sus condiciones de vida, sino que también disminuye la carga sobre los servicios sociales y de seguridad. Así, la estabilidad económica y social que resulta de una adecuada integración laboral contribuye a la reducción de tensiones sociales y a la construcción de comunidades más seguras y cohesionadas, lo que beneficia tanto a los migrantes como a la población local.

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